Sentencia A. 726/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-726/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 726 DE 2025

 

 

Referencia: expediente CJU-6350

 

Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa -ASOU´WA-

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

Aclaración previa

 

Como el caso involucra derechos de dos personas que al iniciar el proceso penal eran menores de edad, el despacho reconoce la obligación de garantizar su intimidad, razón por la cual se procede a proteger su identidad y se omitirán sus nombres reales y sus datos personales, de conformidad con lo establecido en las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, así como en el reglamento interno de la Corte Constitucional y en la Circular Interna No. 10 de 2022. Por ello, la presente providencia contará con una segunda versión, para difusión pública, que utilizará los nombres ficticios Lina y Federico, para hacer referencia a las sujetos pasivos del delito; Marta, madre de aquellos; y Rubén como sujeto activo de aquel. 

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones. El 13 de febrero de 2013, Rubén y Marta conciliaron respecto de la cuota alimentaria debida para cada uno de sus hijos por la suma de $200.000 pesos colombiano-mensuales y $100.000 pesos colombianos respectivamente, equivalentes a dos mudas de ropa al año. También se fijó que los gastos de salud (que no cubra el POS) y educación (uniformes, libros y útiles) se cubrirían por los padres en partes iguales -50%-[1].El 9 de junio de 2022, la madre de los menores acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar el incumplimiento del acuerdo de conciliación. El 27 de julio de 2022, se celebró diligencia de acercamiento y acuerdo de pago de manera virtual, en el que las partes llegaron a un acuerdo; sin embargo, este también se alega que fue incumplido.

 

2.  El 26 de septiembre de 2022, la Fiscalía 12 Local de Cúcuta realizó traslado de escrito de acusación[2][3] a Rubén por la comisión del delito de inasistencia alimentaria[4]. Esto por incumplir el pago de la cuota de alimentos fijada[5] a favor de Lina (nacida el 4 de junio de 2004) y Federico (nacido el 23 de diciembre de 2006)[6]. El acusado no aceptó cargos.

 

3. El 31 de mayo de 2023, el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta celebró la audiencia concentrada. El 9 de agosto de 2023, el mismo juzgado inició la audiencia de juicio oral en la que las partes expusieron sus alegatos iniciales[7].

 

4. Reclamo de competencia de la autoridad indígena. El 13 febrero de 2025, Javier Villamizar Corona, presidente del Cabildo Mayor de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa, solicitó trasladar el proceso penal contra Rubén a la jurisdicción especial indígena. Lo anterior para que el cabildo “tome el caso y lo desarrolle de acuerdo con usos y costumbres propias del pueblo U´wa, según lo establece el mandato ancestral [de ese pueblo]”[8]. Resaltó que las normas constitucionales, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional[9] reconocen la diversidad cultural de los pueblos indígenas y la jurisdicción especial indígena. Argumentó que se cumplían los factores del fuero penal indígena en el caso bajo estudio, por las siguientes razones:

 

-  Factor personal: el procesado es miembro activo de la comunidad indígena RUNIU´WA (Cascajal), tiene su familia dentro del resguardo unido U´wa, cumple ayunos, reuniones comunitarias y siempre ha estado ligado a las costumbres de la comunidad de Cascajal. Manifestó que los hijos del procesado se encuentran inscritos en las bases de datos de dicha comunidad[10].

 

-  Factor territorial: si bien los hechos investigados ocurrieron fuera del resguardo, se debe tener en cuenta la ancestralidad de sus territorios y su extensión por razones culturales, supera un ámbito estrictamente geográfico.

 

-  Factor objetivo: en el contexto sociocultural U´wa el delito de inasistencia alimentaria tiene una comprensión similar a la de la sociedad mayoritaria y los miembros de la comunidad deben responder por sus delitos, de acuerdo con sus usos y costumbres, manteniendo un enfoque diferencial y en aplicación del mandato ancestral U´wa.

 

-  Factor institucional: la nación U´wa tiene una estructura político-administrativa representada por los cabildos de la comunidad elegidos comunitariamente y una estructura sociocultural integrada por las autoridades tradicionales werjainas, sabedores y conocedores de la cultura en su máxima expresión. Además, kuerkicas y tayokinas que relacionan la naturaleza con el mundo espiritual y con la vida ancestral del U´wa. Precisó que cuentan con el mandato U´wa, en el que se plasman las sanciones y requerimientos de la comunidad y que opera como reglamento para los indígenas U´wa que cometan delitos dentro o fuera del ámbito territorial del resguardo unido U´wa[11].

 

5. Decisión de la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal[12]. El 19 de febrero de 2025, el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta, en audiencia y antes de concluir el juicio oral, planteó conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional. Consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[13], se cumple el factor personal y el objetivo, pero no se cumplen en el caso los factores territorial e institucional. Expuso las siguientes razones principales para sustentar su conclusión:

 

-  Factor personal: tanto el procesado como sus hijos hacen parte de la comunidad U´wa Cascajal.

 

-  Factor objetivo: el bien jurídico de la familia es relevante, tanto para la comunidad indígena como por la sociedad mayoritaria. Sin embargo, consideró que no se cumplen los factores territorial e institucional.

 

-  Factor territorial: los hechos que dieron lugar al proceso penal ocurren en Cúcuta, pues los hijos viven en esa ciudad y no en el resguardo indígena. Además, ese delito no tiene que ver con los ritos, costumbres y creencias de la comunidad indígena, razón por la cual no se puede aplicar el factor territorial en sentido amplio.

 

-  Factor institucional: en el escrito allegado por la comunidad no se explicó cómo es el proceso para juzgar la conducta de inasistencia alimentaria, cuál es la gravedad de la conducta, los tipos de sanciones que se aplicarían; el rol y participación de las víctimas, en especial cuando las víctimas son menores de edad en estado de indefensión.

 

6. Remisión del conflicto y reparto interno al interior de la Corporación. El 19 de febrero de 2025, Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta remitió el expediente al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cúcuta, ofician que equivocadamente remitió el asunto a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, dependencia que realizó el reparto de las diligencias a la Comisión Sección de Disciplina Judicial de Norte de Santander. Por ese motivo, dicha autoridad judicial remitió el expediente a la Corte Constitucional el 28 de febrero siguiente[14]. Posterior a ello, la Sala Plena de esta Corporación repartió el expediente digital CJU 6350 al despacho sustanciador, el cual tuvo acceso al mismo el día siguiente[15].

 

7. Decreto oficioso de pruebas. El 10 de abril de 2025, el despacho del magistrado sustanciador ofició (i) al presidente del Cabildo Mayor de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa[16], (ii) al Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH[17], (iii) a la Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho[18]; y (iv) a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-[19], para que rindieran informe sobre el ámbito territorial de la comunidad indígena y los rasgos de su sistema de justicia.

 

8. Respuesta del ICANH[20]. El 21 de abril de 2025, Jeyson Rodríguez Pacheco, jefe de la oficina jurídica de esa entidad, solicitó una prórroga del término para otorgar respuesta a la solicitud probatoria[21]. Como consecuencia de su otorgamiento, el 24 de abril siguiente remitió concepto técnico[22] en el que informó, en síntesis, lo siguiente:

 

-  Factor territorial: el Resguardo Unido U´wa se ubica en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Casanare, de acuerdo con la delimitación realizada por la Resolución No. 56 del 6 de agosto de 1999, expedida por el INCORA[23]. El resguardo comprende aproximadamente 220.275 hectáreas distribuidas entre los departamentos mencionados y tiene presencia específica en municipios como Cubará, Güicán, Chitagá, Toledo, Concepción, Saravena, Fortul, Tame, Cerrito, Sácama y La Salina.

 

-  Factor institucional: la estructura normativa e institucional del pueblo U´wa tiene dos dimensiones: una dimensión de autoridad tradicional fundada en su cosmogonía y Ley de Origen, y una dimensión relacionada con una estructura político-organizativa formal que permite su interlocución con el Estado colombiano. La administración de justicia, el gobierno interno y la regulación de la vida comunitaria son ejercidos por figuras como el Werjaya, médico tradicional, que además de conocimientos curativos, es guía moral y espiritual de la comunidad[24]. En paralelo a esta estructura espiritual y normativa, el gobierno propio U’wa se organiza a través de cabildos locales que son reconocidos legalmente y que se integran como organizaciones de segundo nivel. Entre otras, destaca la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (ASOU’WA), que representa a las comunidades ubicadas principalmente en Boyacá, y la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR)[25]. Por otro lado, la autoridad mayor es elegida por la comunidad, acompañada por las autoridades tradicionales. La Asamblea General, conformada por todas las familias del resguardo, es la máxima instancia de decisión. La junta de alguaciles cumple funciones de justicia bajo los reglamentos internos.

 

-  Sobre la inasistencia alimentaria, precisó que no hay información concreta sobre ese tipo de conducta. Sin embargo, sostuvo que los procedimientos internos ofrecen elementos para inferir que conductas como el abandono, la irresponsabilidad o el maltrato en general son entendidas como quiebres del equilibrio espiritual y social y son gestionados por las autoridades tradicionales desde una lógica restaurativa. Ese abordaje “privilegia la mediación comunitaria, la orientación espiritual, el trabajo colectivo y las sanciones simbólicas como mecanismos para restituir el orden alterado. Así, el incumplimiento de los deberes familiares por parte de un padre, por ejemplo, no se asimila únicamente a una infracción normativa, sino a una transgresión del orden cósmico que afecta el bienestar integral de la comunidad”.

 

9.  Respuesta de la comunidad U´wa. El 24 de abril de 2025, Javier Villamizar Corona, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa – ASOU´WA-, respondió la solicitud probatoria[26]. Frente a ello informó respecto de la acreditación de los factores para el fuero lo siguiente:

 

-  Factor territorial: las comunidades U´wa, se encuentran en los municipios de Cubará y Güicán en el departamento de Boyacá; en los municipios de Toledo y Chitagá en el departamento de Norte de Santander; y en los municipios de Cerrito y Concepción en el departamento de Santander[27].

 

-  Factor objetivo: para las comunidades indígenas U´wa todos los delitos, quejas o situaciones que puedan ser sancionables, tienen importancia en el contexto cultural, social, de sus usos y costumbres propias. En particular, sobre la inasistencia alimentaria, sostuvo que es una situación novedosa en esas comunidades: “el tipo penal o delito (inasistencia alimentaria) es relativamente nuevo en nuestro contextocultural, pero se esta trabajando para que se cumpla responsablemente por los miembros de las comunidades U’wa, en los casos que se abordan por el cabildo mayor o el cabildo de cada comunidad, tal como se expresa en el mandato uwa”[28]. Para el pueblo U´wa es sancionable el abandono del hogar, los hijos y las mujeres, así como el abandono de las parejas en situación de discapacidad. Toda persona dentro de la comunidad, con recursos o sin ellos, con estudios o no, sea una autoridad tradicional o no, tiene la obligación de responder por sus familiares.

 

-  Factor institucional: la comunidad U´wa tiene un procedimiento para cada tipo de conducta dependiendo de su gravedad (leves[29], graves, gravísimas), de acuerdo con el mandato ancestral U´wa. Las autoridades de Justicia Propia podrán abordar las faltas que no estén contempladas en el mandato ancestral y clasificarlas dependiendo de su gravedad. Además, podrán aplicar una o más sanciones. Sobre el delito de inasistencia alimentaria, la comunidad U’wa señaló que si las personas viven por fuera de la comunidad, se les aplica enérgicamente la sanción cultural y la sanción pecuniaria de cumplimiento por la conducta de inasistencia alimentaria. La inasistencia alimentaria en el contexto interno tiene un manejo especial, puesto que “la responsabilidad de cuidar a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus ancianos, es una regla cultural que no ha cambiado con el paso del tiempo”. Explicó que si la persona tiene varios hijos, debe responder por todos ellos, y si no tiene dinero, debe trabajar para conseguirlo; si es autoridad tradicional debe trabajar en el chagra o en la siembra de maíz, plátano, yuca, cazar o pescar, para aportarle a sus hijos. Si incumple la medida o la sanción, viola el mandato ancestral U’wa y, por tanto, ya no es una falta grave sino gravísima. Ahora bien, sobre la participación de la víctimas, la autoridad indígena manifestó que: “[la víctima] debe ser armonizada para que no se desmejore su espíritu, y también se debe apoyar con acompañamiento de los cabildos de sus comunidades, también apoyo sicosocial, y le deben restituir por medio de aportes económicos o reconocimiento pecuniario o en especie según la situación”[30].

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.   El caso cumple con los presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

10. El presente asunto satisface las reglas contenidas en el Auto 155 de 2019 para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones:

 

Tabla 1. Presupuestos para la configuración del conflicto de competencia entre jurisdicciones

 

2.   Delimitación de las reglas, el conflicto en revisión y metodología de solución

 

11. Determinada la procedencia del conflicto de competencia entre jurisdicciones, la Corte Constitucional (i) reiterará las reglas para la activación de la competencia de la jurisdicción especial indígena y los factores que configuran el fuero indígena. Seguidamente, (ii) resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial competente.

 

3.   La jurisdicción especial indígena y los factores del fuero indígena[31]

 

12. El carácter constitucional de la jurisdicción especial indígena. El artículo 246 de la Carta Política consagra que las autoridades de los pueblos indígenas “podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Adicionalmente, dispone que deberá establecerse formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

 

13. La Corte Constitucional ha considerado que de este artículo derivan cuatro atribuciones para los pueblos indígenas que configuran las garantías de la jurisdicción especial indígena (JEI): “(i) la facultad de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la posibilidad de expedir normas y procedimientos autónomos; (iii) la sujeción de los criterios previos a la Constitución y la ley y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional”[32]. Adicionalmente, la jurisprudencia ha precisado que la JEI tiene una dimensión colectiva y otra individual. Sobre la primera, se le reconoce como un instrumento de protección de la diversidad cultural y étnica de la Nación y, particularmente, de la autonomía e identidad de los pueblos indígenas[33]. Sobre la segunda, permite la realización del fuero indígena, esto es, el derecho fundamental que le asiste a cada miembro de una comunidad indígena de ser juzgado por sus autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos[34].

 

14. Factores para la configuración del fuero indígena. Como derecho subjetivo del que gozan los miembros de las comunidades indígenas, su configuración requiere la verificación de dos elementos esenciales: (i) el factor personal y (ii) el factor territorial, además, que se acrediten (iii) el factor objetivo y (iv) el factor institucional u orgánico. A lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se ha precisado el contenido de dichos elementos, el cual se reiterará en esta oportunidad a partir de las subreglas relevantes para considerar la procedencia de la configuración del fuero indígena, en lo que se refiere al estudio de los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Tabla 2. Factores para la configuración del fuero indígena

 

15. Evaluación ponderada y razonable en cada caso. La Sentencia C-463 de 2014 precisó que: “concluida la sistematización de las reglas referentes a los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena, resulta oportuno señalar que estos criterios deben evaluarse de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso. La diversidad puede generar situaciones. Si uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural”. Por lo tanto, debe realizarse una evaluación ponderada, razonable y particular de los factores que constituyen el fuero indígena para determinar la activación de la jurisdicción especial indígena.

 

III.      CASO CONCRETO

 

16. La jurisdicción ordinaria penal es la competente para conocer el proceso que suscitó el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. Las razones que justifican esta conclusión se exponen enseguida, a partir del análisis de cada uno de los factores del fuero indígena y de su posterior evaluación ponderada.

 

17. El caso cumple con el factor personal. El presidente de ASOU´WA certificó que Rubén, junto con sus hijos Lina y Federico, pertenecen a la comunidad indígena RUNIU´WA (Cascajal) ubicada en el municipio Chitagá, Norte de Santander. Adicionalmente, aportó certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior en las que se evidencia el registro del Resguardo y su calidad de presidente de ASOU´WA y, por lo tanto, acreditó su condición de autoridad tradicional para representar a la comunidad y verificar la pertenencia étnica de sus integrantes (§4). Si bien estos documentos no son requisitos obligatorios para acreditar el factor personal, son elementos que permiten inferir que la comunidad U´WA reconoce al procesado como integrante de la misma.

 

18. El caso no cumple con el factor territorial. Los hechos no ocurrieron en el ámbito territorial del Resguardo Unido U´wa. Según el escrito de acusación, los hechos relacionados con la alegada inasistencia alimentaria ocurrieron en la ciudad de Cúcuta, ciudad donde se domicilian los hijos del procesado actualmente y debe cumplirse la obligación alimentaria (§1). De conformidad con lo aportado por el ICANH y ASOU´WA, Cúcuta no hace parte de los municipios que integran el Resguardo Unido U´wa. Además, el presidente de ASOU´WA no argumentó si existe alguna relación cultural, social o tradicional con ese municipio, que permita ampliar el factor territorial y extender la competencia de las autoridades tradicionales U´wa dentro de la ciudad de Cúcuta, en relación con la conducta de la que se acusa a Rubén. En el reclamo de competencia, la autoridad étnica se limitó a afirmar que el factor territorial debe evaluarse desde una perspectiva amplia. En la respuesta al auto de pruebas afirmó que el resguardo comprende el municipio de Chitagá, Norte de Santander, sin mencionar la ciudad de Cúcuta (§4, 8 y 9). Estas manifestaciones no dan cuenta de alguna influencia del resguardo en el municipio en el que ocurrieron los hechos.

 

19. El factor objetivo no es determinante: la conducta afecta a la sociedad mayoritaria y a la comunidad indígena. La conducta delictiva por la que se acusa a Rubén -inasistencia alimentaria– afecta el bien jurídico de la familia, bien protegido tanto por la comunidad U´wa como por la sociedad mayoritaria, en especial cuando involucra derechos de los niños, niñas y adolescentes, en tanto sujetos de especial protección constitucional.

 

20. De una parte, la autoridad indígena manifestó que “para el pueblo U´wa es sancionable el abandono del hogar, de los hijos, de las mujeres, de los ancianos, así como de las parejas en situación de discapacidad.  Toda persona dentro de la comunidad, con recursos o sin ellos, con estudio o tradicional, tiene la obligación de responder por sus familiares” (§9). Este argumento, se puede interpretar como una concepción genérica de lo que implica la conducta de inasistencia alimentaria, tipificada en el Código Penal y que resulta reprochable por el pueblo U´wa, en tanto impacta a los integrantes de la familia.

 

21. De otro lado, en el ámbito del derecho penal, el delito de inasistencia alimentaria es considerado como una conducta que vulnera el bien jurídico tutelado de la familia, de conformidad con el título sexto del Libro Segundo del Código Penal (§5). Esta Corporación ha reconocido que, “el derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes a recibir alimentos es una garantía constitucional que prevalece frente a los intereses y derechos de terceros. De manera que, al resolver disputas relacionadas con este mandato constitucional, las autoridades deben orientar sus decisiones a garantizar el desarrollo armónico e integral del menor de edad involucrado en la controversia”[36]. 

 

22. En consecuencia, la Sala Plena advierte que existe una concurrencia de intereses entre la sociedad mayoritaria y la comunidad indígena para conocer y juzgar el delito que se imputa, en especial por involucrar derechos de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual el factor objetivo no es determinante para atribuir la competencia. Ahora bien, la sociedad mayoritaria tiene especial interés sobre la conducta de inasistencia alimentaria porque atenta contra los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que en conflictos de competencia que involucren a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción especial indígena por el delito de inasistencia alimentaria, el juez de competencia debe realizar un análisis más riguroso del factor institucional, pues la sociedad mayoritaria tiene un especial interés en este tipo penal que involucra los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes[37].

 

23. No se pudo constatar la existencia de una institucionalidad dentro de la comunidad indígena para proteger el bien jurídico de la familia y a niños, niñas y adolescentes, por causa de conductas enmarcadas en el tipo de inasistencia alimentaria. El presidente de ASOU´WA demostró que ese pueblo U´wa cuenta con una autoridad encargada de juzgar las conductas reprochables e imponer sanciones dependiendo de si las conductas son leves, graves o gravísimas, de acuerdo al mandato ancestral U´wa; las autoridades de Justicia Propia pueden abordar las conductas que no estén contempladas en el mandato ancestral, clasificarlas dependiendo de su gravedad y aplicar una o más sanciones (§9). No obstante, la Sala considera que estos señalamientos no son suficientes para dar por acreditado el factor institucional para el trámite del proceso penal en el presente caso.

 

24. A partir de lo anterior, la Sala evidencia que el pueblo U´wa cuenta con procedimientos y sanciones internas para tramitar conductas reprochables al interior de la comunidad. No obstante,  la comunidad no acreditó si la conducta de inasistencia alimentaria cuenta con un procedimiento claro para aplicar determinada sanción. Si bien para el pueblo U´wa son reprochables las conductas de abandono del hogar, de los hijos, de las mujeres, de los ancianos, así como de las parejas en situación de discapacidad, no se detalla cómo se valora puntualmente la conducta de inasistencia alimentaria al interior de la comunidad.

 

25. Por otro lado, no resulta claro que la comunidad ofrezca mecanismos específicos de reparación y protección a las víctimas, que garanticen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, en particular, en relación con la conducta de inasistencia alimentaria. Sobre el particular, aquella manifestó que, en general, las víctimas deben ser armonizadas “para que no se desmejore su espíritu, y también se debe apoyar con acompañamiento de los cabildos de sus comunidades, también apoyo sicosocial, y le deben restituir por medio de aportes económicos o reconocimiento pecuniario o en especie según la situación” (§9). Lo anterior, no permite establecer cómo las víctimas del delito de inasistencia alimentaria pueden comparecer y presentar elementos probatorios al proceso para sustentar el incumplimiento injustificado del deudor de alimentos.

 

26. En consecuencia, dado que la conducta es de especial relevancia para la sociedad mayoritaria, en tanto involucra derechos de niños, niñas y adolescentes, como en este caso el derecho a la familia, la Sala no pudo constatar cuáles son concretamente las medidas institucionales propias para procesar y sancionar la alegada conducta, ni para asegurar el papel de las víctimas  que al momento de la ocurrencia de los hechos investigados eran menores de edad.

 

27. Valoración razonable y ponderada de los factores determinantes de la JEI. Al realizar un estudio ponderado de los cuatro factores de competencia de la jurisdicción especial indígena en este asunto, la Sala Plena encuentra que solamente está acreditados el factor personal. Por otro lado, el factor objetivo no resulta determinante para la configuración del fuero penal indígena. Tampoco se cumple el factor territorial, pues los hechos que dieron lugar al proceso penal ocurrieron en el municipio de Cúcuta, en donde habitan los hijos del procesado y respecto del cual no se probó la influencia cultural que en aquel ejerza, con arraigo, el Resguardo. El factor objetivo no es determinante, pues la conducta de inasistencia alimentaria en principio es reprochable, tanto para la comunidad indígena como para la sociedad mayoritaria, pero resulta de gran relevancia para esta última, en la medida en que involucra los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Por último, no se cumple el factor institucional, dado que la comunidad no acreditó que tiene procedimientos específicos que garanticen la protección del bien jurídico de la familia, en particular respecto de niños, niñas y adolescentes, presuntamente lesionado, por la conducta de inasistencia alimentaria, ni un procedimiento que asegure las garantías procesales y los derechos de las víctimas, que en su momento eran menores de edad en una actuación punitiva.

 

28. En consecuencia, la Sala concluye que la comunidad indígena no aportó los elementos de juicio indispensables para entender satisfechos los supuestos para aplicar el fuero indígena y que la jurisprudencia constitucional ha exigido respecto de conductas de especial relevancia para la comunidad mayoritaria, como aquellas que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón, la Sala asignará la competencia en el presente caso al Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta.

 

IV.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa -ASOU´WA. En consecuencia, DECLARAR que el Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta es la autoridad competente para conocer el proceso seguido en contra de Rubén por el delito de inasistencia alimentaria.

 

SEGUNDO. Por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente CJU-6350 al Juzgado 011 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta para lo de su competencia, y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y a la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U´wa -ASOU´WA-.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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